Cazadores de traficantes humanos. Por Mónica G. Prieto.

Traficar mercaderías, cosas, objetos…parece lógico, una actividad delictiva “reconocible” pero seres humanos? Qué razón puede justificar semejante atrocidad? Ninguna. Pero cómo combatirlo, cómo detenerlo.

Aquí un informe sobre lo que sucede en Tailandia, un historia que muestra la complejidad inaudita de este problema y cómo el estado desparece, se corre a un costado y hace posible, otras situaciones que tampoco son justa ni deseables.

Grandes gotas de sudor recorren el tenso rostro de Kompat Sompaorat mientras recorre la jungla, esgrimiendo un fusil de asalto. Desliza disciplinadamente sus enormes extremidades en movimientos pausados destinados a no hacer ruido. Sus grandes botas consiguen pisar callado pese a que su cuerpo está revestido por un pesado chaleco antibalas, además del uniforme que le hace parecer un miembro de Fuerzas Especiales. Unos metros más allá, su jefe Cherdchai Papattamayutanon emite un suave silbido que la docena de voluntarios interpreta como una invitación a mantenerse quietos. Los oídos tornan en el único arma capaz de detectar movimiento y lograr así encontrar a potenciales víctimas de trata humana, a las que los traficantes suelen esconder en estos frondosos parajes del sureste de Tailandia, la ruta predilecta de los contrabadistas de almas que engañan a refugiados o trabajadores con promesas de un futuro mejor antes de extorsionarlos, si no matarlos, en campos de esclavos.

Cherdchai y Kompat son parte de una fuerza que parece de elite. La realidad no podría estar más lejana. El primero es un antiguo agricultor, el segundo un funcionario municipal que, como el resto de voluntarios, paga los gastos de gasolina, agua potable y comida de su propio bolsillo para patrullar, casi a diario, los rincones más recónditos de la selva y las marismas con el objetivo de salvar vidas. Su búsqueda se concentra el pistas imperceptibles para el resto de los mortales: hojas de palmera exprimidas –con el objeto de buscar agua-, restos de ropa, botellas vacías o troncos de piña y cáscaras de cocos, signos de que pequeños grupos de desesperados han pernoctado. A veces llegan tarde, como cuando detectaron el campo móvil erigido cerca del poblado de Ban Bang Yai, donde las zapatillas desgastadas de un niño y algo de basura desvelan presencia humana. “Los traficantes les quitan todo lo que tienen: dinero, pasaporte, pertenencias… Después comienza la extorsión”, explica Cherdchai. Se refiere a la llamada que obligan a realizar a sus familiares: si no consiguen reunir una cantidad de dinero, que suele rondar los 2.000 dólares, serán asesinados.

Así termina el periplo para miles de refugiados rohingya y trabajadores de Bangladesh que se lanzan al mar en busca de una vida mejor en Malasia y que terminan engullidas por la industria del tráfico humano que carcome Tailandia. También para muchas personas secuestradas que pretenden ser vendidas como esclavos. En mitad de un trayecto por el que pagan grandes cantidades de dinero, un giro de las barcazas les empuja a la costa tailandesa, donde serán internados en campos móviles situados en medio de la jungla, robados y de nuevo extorsionados. Tras recibir la llamada los parientes, angustiados, suelen tardar poco en reunir la cantidad y entregarla a una persona designada ex profeso para la tarea. Una vez que eso ocurre, las víctimas de los tratantes de almas son liberadas y pueden proseguir su travesía: si no ocurre, pueden pasar meses en los campos, ser vendidas a barcos pesqueros o simplemente ser asesinadas. Los abusos sexuales son una práctica común entre los guardianes de los campos, amparados por la impunidad.

“Hay peces muy gordos detrás de esta industria, así que podemos hacer muy poco”, admite Kompat con gesto desolado mientras regresa a su coche, con las manos vacías. Pese a lo imposible de su tarea, la brigada de civiles que lucha contra el tráfico humano está cosechando éxitos. El joven Raikham, de 20 años, y los ocho amigos que le rodean en un centro de acogida de inmigrantes son el vivo ejemplo de ello. Los voluntarios encontraron al grupo junto a otras 52 personas en medio de la jungla a mediados de octubre, en un lamentable estado de salud y al borde de la deshidratación: la mayoría, como el propio chaval bangladeshí, habían sido secuestrados y sus captores les custodiaban en un campo móvil a la espera de venderles a barcos pesqueros como modernos esclavos.

A Raikham se lo llevaron de su Chittagong natal siendo un estudiante: un día se le aproximó un supuesto empresario ofreciéndole un trabajo como vendedor de helados. El joven, deseoso de ayudar a su familia, aceptó. Por la noche el presunto empresario acudió a su casa junto a dos hombres: armados con cuchillos y una pistola, maniataron al joven y le pusieron una bolsa en la cabeza que sólo retirarían tras zarpar en una pequeña embarcación hacia un barco de mayor tamaño en el que pasó un mes antes de adentrarse en el mar en condiciones infrahumanas. “A quien se quejaba, le golpeaban”. Demasiados relatos hablan de cadáveres arrojados por la borda para servir de ejemplo al resto.

“Pretendían venderme como esclavo a un pesquero”, explica hoy en un inglés roto en el refugio de Phang Nga, ua provincia de sobrecogedora belleza al norte de la turística Phuket. “Al día siguiente, me di cuenta de la situación: estaba junto a otros 300 hombres, la mayoría también secuestrados, entre 15 y 50 años. La mayoría eran de Bangladesh pero había también rohingya”, relata en referencia a la minoría musulmana considerada la más perseguida del mundo, una comunidad cuya identidad es negada por las autoridades y repudiada dentro de sus fronteras, sometida a una creciente represión. “Nos daban una comida al día y un vaso de agua que no sabía bien, estaba envenenada”. Eso, afirma el joven, explicaría la somnolencia que les hacía dormitar parte del tiempo y sentirse sin fuerzas para resistirse. Las víctimas terminarían siendo conducidas a las costas tailandesas a la espera de encontrar ‘compradores’, y mientras aguardaban fueron sorprendidas por la brigada de cazadores de traficantes. Los siete captores huyeron antes de poder ser arrestados: su mercancía terminaría marcando un hito en la negra Historia del tráfico humano en Tailandia: sería la primera vez que las autoridades les consideraban víctimas del tráfico humano, en lugar de inmigrantes ilegales.

Es el error –más que probablemente, consciente- en el que han incurrido siempre las autoridades tailandesas. Niegan la magnitud del problema del tráfico humano y denuncian llegadas masivas de inmigrantes ilegales que, en cualquier caso, no quieren permanecer en Tailandia. En su Informe de Tráfico de Personas del pasado año, el Departamento de Estado norteamericano rebajaba a Tailandia a la categoría de Tier 3, reservado para países que no cumplen con las exigencias mínimas para luchar contra la trata de humanos. Según dicho informe, se denunciaba que, en Tailandia, niños y mujeres son traficados desde Birmania, Camboya, Laos, China, Vietnam, Rusia y Uzbekistán con fines de explotación sexual, ya sea como ruta de paso a Malasia o como destino final. Dicho tráfico se produce apenas a unos kilómetros de distancia de los resorts de cinco estrellas donde turistas occidentales consumen su vacaciones, y alimentan de formas variadas la industria del ocio local. O la gastronómica: los barcos pesqueros donde se esclaviza a seres humanos son los que pescan el marisco que degustamos, a bajo precio, en Occidente.

Raikham y sus amigos se preparan para ser repatriados a Bangladesh una vez que sus autoridades terminen los trámites legales; la mayoría sueña con viajar a Malasia, país musulmán donde muchos bangladeshíes y rohingya tienen familia o conocidos. “Durante años pensé que todo el problema era inmigración ilegal”, recuerda el jefe de distrito de Takua Pa y funcionario del Ministerio del Interior, en su despacho. De los 20 años que lleva destinado en esta región, sólo desde 2009 comenzó a escuchar “historias sobre tráfico humano. En 2010, fueron arrestados 800 rohingya y participé en los interrogatorios. Entonces descubrí que eran víctimas de trata humana”.

Manit comenzó a investigar el fenómeno en profundidad para encontrar una absoluta desidia por parte de sus superiories en el Ministerio del Interior, los mismos que le han enviado la misiva que esgrime antes de comenzar la entrevista: un documento oficial donde se le insta a dejar de hablar con la prensa. En 2014, ante el desinterés de Bangkok, Pleantong comenzó a entrenar a la brigada de voluntarios que hoy patrulla -con mucho interés pero sin medios materiales- la jungla y las marismas de Takua Pa. De los ocho distritos que conforman la provincia de Phang Nga, éste tiene una peculiaridad: la miriada de pequeñas islas y caprichos geográficos que, al norte, favorece las actividades clandestinas. De ahí que el número de vigilantes –150 divididos en cuatro grupos, que realizan turnos de seis horas- sea a todas luces insuficiente.

“La policía ya tiene un trabajo, pero el tráfico humano es una realidad que les excede”, continúa Manit. El pasado noviembre, inauguró un checkpoint entre en busca de víctimas del tráfico de personas, además de drogas. Las patrullas por la jungla y las marismas –disponen de dos embarcaciones- han dado frutos: unas 300 víctimas han sido localizadas y han arrestado a nueve traficantes en este tiempo.

Parte de los vigilantes reciben una remuneración de entre 8.000 y 10.000 bath (entre 300 y 370 euros) mientras que el resto, según Manit, no reciben remuneración alguna. “Son gente consciente del problema que sólo quiere ayudar”, asegura el oficial de Interior. En su mayoría son pescadores o agricultores que muestran devoción por su nueva misión como Jessada Thattan, un antiguo agricultor que hoy lidera a una decena de hombres por los manglares a bordo de una precaria embarcación. Ni siquiera las amenazas recibidas por parte de los traficantes de seres humanos –innumerables llamadas instándole a abandonar, amenazandole a él y a sus hijos- le han persuadido de abandonar, especialmente tras hallar en los manglares a los dos grupos de 83 y 52 personas –entre ellas Raikham y sus amigos- que recuperaron la libertad y conservaron la vida gracias a sus colaboradores.

“Ahora han cambiado de estrategia. Ya no mueven grupos grandes sino que los dividen en decenas de personas, para facilitar el tránsito”, dice mientras circula con sus chanclas en medio de la jungla hasta conducirnos a un claro donde se observan claras huellas de un campamento de grandes dimensiones: en un extremo, un precario tendido que arroja una rala sombra sobre restos de ropa desaliñada. El suelo está rociado de sobres de medicación vacíos: aquellos que aún son legibles desvelan que se trata de suero oral, una solución contra la deshidratación severa. En otro extremo, un palo clavado en el suelo señala la existencia de una tumba, según los vigilantes: especular con que muriese de inanición, deshidratación o “apaleado hasta la muerte” por los traficantes.

“Hasta ahora hemos localizado unos cinco campos, pero todos vacíos”, explicaba Manit desde su despacho. El es la otra cara de la moneda en un país donde la corrupción de los oficiales tailandeses es sobrecogedora. Una periodista local, especializada en tráfico humano y conocida por sus investigaciones de denuncia, relata cómo uno de los traficantes le confesó que pagan 10.000 dólares por cada inmigrante a los oficiales de inmigración para poder sacarlos de los refugios y esclavizarlos en los barcos. Un oscuro negocio que explica la continua desaparición de personas de los centros oficiales que deberían protegerles: el pasado 30 de enero, se anunciaba que una decena de funcionarios y un oficial de Marina son investigados por traficar seres humanos. “Es un índice de nuestra determinación en el cumplimiento de la ley”, decía el viceministro de Exteriores Don Pramudwinai.

“En nuestro distrito no existe ese tipo de corrupción pero no puedo responder por el resto”. Manit prefiere no pronunciarse acerca de la cantidad ingente de acusaciones de connivencia entre los agentes y los traficantes. Las autoridades rechazan las denuncias al tiempo que piden a Manit que no hable con la prensa. Repudian las brigadas de voluntarios al tiempo que presumen de ellas. El portavoz de Exteriores, Sek Wannamethee, se ha jactado de estar animando a los lugareños del sur de Tailandia a ser los “ojos y oídos” de las autoridades para prevenir el tráfico humano. La dictadura militar ha anunciado un plan para luchar contra el tráfico humano pero, al mismo tiempo, las cifras son alarmantes y hacen temer un retroceso en la voluntad de las autoridades: si en 2013 se identificaron 595 víctimas y se persiguió criminalmente a 115 personas, en 2013 habían sido más de 1.000 las víctimas localizadas y casi 400 los incriminados.

Para algunas organizaciones como Fortify Rights, resulta llamativo y preocupante que sean civiles quienes tengan que asumir una labor que corresponde a las fuerzas de Seguridad. “Claramente es una indicación de que las autoridades no pueden cumplir su deber de combatir el tráfico humano”, denuncia Matthew Smith, director ejecutivo de la ONG, en conversación con Periodismo Humano celebrada en Bangkok. ”Hay hasta 12 grandes redes de traficantes en Tailandia. Es un negocio que mueve 50 millones de dólares al año, comenta Smith.

“Creo que estamos en un periodo muy inicial. Es cierto que se está reduciendo el número de contrabandistas pero queda mucho por hacer”, valora Manit. Un juicio bastante optimista a juzgar por la opinión de sus hombres. “Los contrabandistas tienen mejores medios, son más rápidos que nosotros”, explica Jessada, quien admite que los traficantes tienen informantes prácticamente en todos sitios, si bien los vigilantes han logrado crear conciencia entre la comunidad del distrito de la importancia que luchar contra el tráfico humano, no sólo para salvar vidas sino también para alejar a la criminalidad de las nuevas generaciones. Ahora, asegura, muchos pescadores les informan de la llegada de madrugada de barcos con víctimas de trata o de entregas sospechosas de cargamentos de víveres, aunque la enorme cantidad de escondrijos de la jungla y la falta de medio dificulta la localización una vez que desembarcan y son obligados a esparcirse.

Los voluntarios están dejando sus vidas en la empresa. Apenas duermen dado que los desembarcos se producen en la noche o a altas horas de la madrugada, han puesto a disposición de la empresa sus propios vehículos y los magros sueldos no les dan para pagar todos los gastos que genera su actividad -aseguran haber perdido más de 200.000 bath (más de 5.000 euros) desde que iniciaron las patrullas, el pasado noviembre-, para la que sólo les han preparado durante 45 días de entrenamiento. La práctica les enseña más que sus maestros, como por ejemplo a la hora de ganarse confidentes entre la población. Sólo tienen que explicarles los métodos de los traficantes de seres humanos. “La gente tiene voluntad de acabar con el problema. La pregunta es ¿tiene nuestro Gobierno la misma voluntad?”, se interroga Jessada.

Fuente: http://www.periodismohumano.com

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