El Tribunal Supremo avala procesar al presidente guatemalteco.

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala ha avalado este martes que se celebre un juicio político contra el presidente Otto Pérez Molina, acusado de corrupción. La decisión de si el mandatario se sentará en el banquillo está ahora en manos del Congreso, que debe decidir si le retira la inmunidad. El dictamen ahonda la crisis que vive el país y qu

1440540417_024947_1440540767_noticia_normale mantiene acorralado a su presidente, que tras la dimisión este lunes de dos ministros más, los de Finanzas y Comunicaciones, está cada vez más solo.

Seis de sus 13 ministros y otros altos cargos han renunciado en los últimos días tras el escándalo desatado el pasado viernes, cuando la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, patrocinada por la ONU) acusaron al mandatario y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti de liderar una estructura mafiosa que expoliaba los recursos del Estado desde las aduanas.

Las peticiones de renuncia a Otto Pérez se extienden por las calles y hasta en la Iglesia. El arzobispo de la Archidiócesis de Guatemala, Oscar Julio Vián Morales, uno de los altos cargos de la Iglesia Católica en el país centroamericano, ha pedido que Pérez Molina dimita por el caso de corrupción. Se trata del escándalo conocido como La Línea, en alusión a un número de teléfono al que los evasores podían llamar para adulterar en las pólizas el contenido de sus furgones y pagar menos al fisco.

Organización mafiosa
Las investigaciones de la Fiscalía y la CICIG han determinado que Pérez y Baldetti eran los jerarcas supremos de esa organización mafiosa. Baldetti, ya sin la inmunidad del cargo —dimitió de la vicepresidencia en mayo— fue detenida.

La denuncia de las entidades investigadoras, hecha pública la mañana del viernes, fue un terremoto político cuyas réplicas todavía se sienten. Pérez convocó de urgencia a una junta de Gabinete y, cuando se esperaba que anunciara su dimisión, lanzó un mensaje televisado en el que dijo a la población que no renunciaría y que demostraría su inocencia ante los tribunales.

La decisión del mandatario ha provocado una desbandada de sus ministros, viceministros y otros altos cargos. Los primeros fueron, el sábado, los de Economía y sus tres viceministros: Educación, Salud (Sanidad) y Agricultura. Los tres, ligados a la patronal. El lunes se sumaron los titulares de Finanzas (Hacienda) con sus dos viceministros; Comunicaciones, y dos viceministros y la titular de la Secretaría General de Planificación (Segeplan, con rango ministerial).

“La situación se complica en la medida en que tanto el Presidente como el Congreso [unicameral] se encuentran en una posición de atrincheramiento. Se niegan a ver la realidad. Los diputados no toman las acciones urgentes que podrían ayudar a superar la crisis, mientras Pérez Molina solo quiere ver intervención extranjera y manipulación política de los procesos en su contra. Esto solo complica la salida”, explica la analista Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia.

En el ámbito legal, y eliminado el primer escenario, su renuncia, a Otto Pérez le quedan dos opciones: si no progresa su procesamiento en el Congreso, después del paso dado este martes por el Supremo, podrá terminar su mandato el 14 de enero de 2016. Si es sometido a juicio, el vicepresidente Alejandro Maldonado asumirá como interino, hasta que haya sentencia firme. Pero lo que parece definitivo es que, al entregar el poder, será sometido a juicio.

Fuente: http://www.elpais.com

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