El impresionante negocio del crimen organizado y sus negativas consecuencias para la economía. Por Thiago Ferrer Morin.

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Durante 50 años, Meyer Lansky fue el hombre que gestionó las finanzas del crimen organizado en Estados Unidos. Inspiración del personaje de Hyman Roth en la segunda parte de El Padrino, Lansky era indiscutiblemente un genio para los negocios, tanto los suyos como los ajenos. Un agente del FBI afirmó, no sin admiración: “Si hubiera sido honesto, podría haber sido el consejero delegado de General Motors”.

La historia de Lansky permite aventurar dos conclusiones. Primero, que el delito es un negocio global que mueve miles de millones de euros; segundo, que el crimen es un perjuicio para el resto de la economía: sea por negocios que se dejan de hacer, sea por los gastos que obliga a realizar o, como en el caso del mafioso estadounidense, por talento que podría haber tenido un mejor uso.

Pero ¿cuánto le cuesta al planeta el crimen? Es un problema tan multifacético y con tantos factores ocultos que hasta los mayores expertos tienen sus dudas. “Si uno empieza a sumar, resulta en un porcentaje importante del PIB, y es imposible cuantificarlo todo”, explica por teléfono Alys Willman, especialista del equipo de prevención de la violencia y cohesión social del Banco Mundial. “El efecto del crimen en la economía solo ha empezado a considerarse desde hace poco. Hace 15 años nadie pensaba en calcular lo que costaba la violencia. Pero está creciendo una conciencia de que esto es un asunto importante para el desarrollo”.

América Latina, el continente más violento, es el objetivo de muchos estudios

El que más se aventura es el Instituto para la Economía y la Paz (IEP, en sus siglas en inglés), una organización no gubernamental fundada por un empresario de la informática, el australiano Steve Killelea. En su último informe, el IEP estima que en 2014 el planeta perdió 3,3 billones de dólares (un 4,2% del PIB global) en combatir la inseguridad interna: dos billones en pérdidas por los efectos del crimen y otros 1,3 billones en gastos de seguridad no militar.

Ante la dificultad de generalizar los datos, la mayoría de los estudios sobre el tema son regionales o sectoriales. Un análisis de 2010 del think tank Center for American Progress calculaba que solo en Estados Unidos, los costes directos de cuatro delitos (asesinato, violación, agresión y robo) sumaban 42.000 millones de dólares (34.000 millones de euros), 137 dólares por cada estadounidense. En Tailandia, una investigación estimaba que cada caso de violencia suponía alrededor de 65 euros en costes directos para el sistema de salud pública —lo que se acumula hasta sumar el equivalente al 4% del presupuesto sanitario del país asiático— y cerca de 700 euros en productividad perdida.

De los 10 países con mayor tasa de homicidios del mundo, según el Banco Mundial, ocho están en el continente americano. En todos ellos los índices de muerte violenta son homologables a los de países en conflicto civil. “En ella [América Latina y el Caribe] vive menos del 9% de la población mundial, pero se registran el 33% de los homicidios en todo el mundo”, explica un informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el pasado octubre.

“Y, lo que es más preocupante (…), es la única región donde la violencia sigue siendo alta y ha seguido aumentando desde 2005”, continúa el informe. “De hecho, en la mayoría de los países [de la región], los niveles de violencia son tan altos que el aumento de la violencia se compara con el de una epidemia según los estándares internacionales”. No es de extrañar que los esfuerzos para desentrañar las consecuencias económicas del crimen se centren en América Latina. El propio IEP ha realizado varios informes referidos exclusivamente a México. “Nosotros estimamos que en 2014 la violencia le costó a México tres billones de pesos [165.000 millones de euros]”, explica Killelea. “Un 77% de esa cifra deriva del homicidio y el crimen violento y organizado”.

Cuanto más específicos son los estudios, más claros pueden apreciarse los efectos del crimen. En 2010, la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios (AMPI) afirmó que solo ese año la violencia había evitado inversiones por valor de 240.000 millones de pesos (14.650 millones de euros), el equivalente a un 30% del mercado inmobiliario y un 1,6% del PIB. La propia AMPI señala que durante los años más duros de la violencia en el norte del país, las rentas inmobiliarias habían caído un 30%.

Pocas compañías quieren hablar del efecto de la criminalidad en sus resultados

“Hay tres formas de contabilizar los efectos de la violencia en la economía”, apunta Killelea por teléfono. “Los costes directos son los de policía, la Administración de justicia o gastos médicos. Los costes indirectos incluyen las pérdidas de salario o de productividad para las víctimas de un delito”. Y pone un ejemplo con los homicidios, que suponen más de 450.000 personas al año, según datos de la Organización Mundial de la Salud. “La mayoría de los asesinados están en la veintena. Eso son aproximadamente 40 años de salarios que pierde la economía”. No hace falta haber sufrido el delito de primera mano para ser víctima. “La familia, los amigos sufren el trauma del crimen”, considera Killelea. “Su mente vuelve una y otra vez a su sufrimiento, y esto, sin duda, afecta a su productividad laboral”.

Golpe a las empresas

El efecto directo de la violencia se refleja en las empresas que operan en los países con mayores tasas de criminalidad. Pocas quieren hablar del alcance que tiene el delito en sus negocios, incluso las que se dedican a la seguridad. Las que lo hacen, piden discreción. “Vivir en un país como este te chupa la energía”, explica un empresario español del sector energético afincado en Centro­américa. “Hay una permanente tensión, porque te pueden matar por usar un teléfono móvil”. No es el único problema. “Es muy difícil encontrar crédito, porque a los bancos les asusta la criminalidad”, recuerda. “Es más fácil recurrir a fuentes de financiación multilaterales, aunque, claro, dependes de los intereses que te cobren”.

Pero para muchas empresas el principal problema es atraer el talento. “A un chaval le dices de trabajar en Brasil, o incluso en México, y se va encantado”, sigue explicando el empresario. “Pero le dices Honduras o Guatemala…, y no tanto. Si acepta venir, te pedirá un 50% más que en una expatriación normal. Y al final te acabas dando cuenta de que estás de paso, no te traes a la familia, terminas el proyecto y te vas”. “Los que somos de aquí tenemos asumida la violencia”, confirma la responsable de una empresa venezolana dedicada a los automóviles. “Pero para quien viene de fuera siempre es más complicado”.

La respuesta de los poderes públicos ante las crisis de seguridad ciudadana suele ser la de hacer grandes inversiones en policía a pesar de la austeridad que muchos de esos mismos Gobiernos predican. En 2015, México presupuestó más de 8.000 millones de euros en seguridad ciudadana; el Gobierno colombiano ha invertido 2.800 millones de dólares entre 2013 y 2015; en El Salvador, el Estado destinó en 2010 un 3,5% del PIB, el doble del porcentaje promedio de la Unión Europea. No obstante, en muchos casos, más dinero no quiere decir más efectividad, sino más oportunidades para prosperar a costa de las arcas públicas.

Y la ciudadanía es consciente: según el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, elaborado en 2013 con datos de 107 países, la policía es la segunda institución que se percibe más corrupta a nivel global, tras los partidos políticos. Según una encuesta de Gallup, el 45% de los mexicanos se fían de la policía local, frente al 70% de España o el 91% de Suiza.

Esa desconfianza en la policía obliga igualmente a mirar con circunspección las cifras de criminalidad. Muchos delitos se quedan sin denunciar, lo que se conoce como subnotificación. “Es un problema incluso en los países desarrollados”, explica Rodrigo R. Soares, profesor de la brasileña Fundación Getulio Vargas y coautor del estudio del BID. “Los homicidios pueden ser un referente más preciso del nivel de criminalidad, aunque solo sea porque son una estadística de salud pública y no de la policía”.

Las encuestas de victimización, en las que se pregunta a la ciudadanía si ha vivido algún delito, son más precisas, pero también más caras y menos abundantes. “Hasta hace 15 años no se hacían”, explica Soares. “Afortunadamente, cada vez somos más conscientes de su importancia”.

Los Gobiernos hacen grandes inversiones en policía a pesar de la austeridad

Aun así, hay que tomarse estas encuestas de victimización con prudencia. Uno de los motivos que complican la comparación entre países son las distintas clasificaciones que un mismo crimen violento puede tener en un código penal u otro. Lo que una encuesta elaborada por el instituto Demoscopia en Costa Rica y Honduras clasifica por separado como “vandalismo en la casa”, “ruptura de rejas, portones y llavines” y “robo e invasión de la vivienda” (diferenciando entre con o sin la presencia de la familia), un sondeo en Chile lo engloba en un —relativamente— genérico “robo con fuerza a la vivienda”.

La relación entre violencia, miedo y corrupción genera un círculo vicioso. “Pasado un nivel de corrupción, es más probable que las actividades de la policía aumenten la criminalidad a que la disminuyan”, considera Killelea. “Eso hace que se rompa la confianza y que se informe de menos crímenes”. A veces, la solución a un problema puede generar otro. “Hay países muy corruptos que no tienen un alto nivel de violencia”, apunta James Shaw, analista de UNICRI, la agencia de Naciones Unidas dedicada a la investigación sobre temas de criminalidad. “Paradójicamente, cuando en estos casos se empiezan a establecer mecanismos para luchar contra la corrupción, la presión aumenta, los criminales la empiezan a notar y reaccionan ante esa presión con más violencia. Es por eso que la respuesta ha de ser integral”.

El negocio privado

Ante el recelo con las fuerzas (dícese) del orden, las empresas de seguridad privada como Prosegur o G4S (antes Securicor), la mayor del mundo, ven enormes posibilidades de negocio. Según un estudio de 2012 de la empresa de investigación Freedonia, el sector tiene previsto crecer un 7,4% anual hasta llegar a los 244.000 millones de dólares (220.000 millones de euros) en 2016. La misma consultora apunta a EE UU y Brasil como los dos mayores mercados, y China e India, como los más prometedores.

Pero la experiencia demuestra que no es bastante. “Poner un policía en cada cuadra no parece ser la mejor forma de asignar los recursos de la sociedad”, apunta Laura Jaitman, editora del informe del BID. La investigación del IEP coincide: “No hay una correlación entre número de policías y seguridad”, señala en su último informe. “La mayoría de los gastos utilizados en contener la violencia no generan beneficios de productividad adicionales”, expone Killelea. “Construir una cárcel puede costar 200 millones de dólares, y mantenerla, 20 millones de dólares más al año. Si ese dinero se hubiera gastado en innovación o en transporte, habría beneficios adicionales para la economía. Nosotros estimamos que cada dólar gastado en violencia reduce la actividad económica en otro dólar”.

La ineficacia de las “guerras” contra la criminalidad obliga a mirar más allá. “No hay una bala mágica contra la violencia”, explica Shaw. “Si la hubiera, muchos países ya la habrían adoptado hace años. Hace falta un abordaje integral, y no solo es la policía: también es necesario involucrar a otros funcionarios, como las aduanas, por ejemplo. Y, por supuesto, hace falta una implicación de la sociedad civil”.

Reducir la pobreza puede ser un primer paso. Un estudio de la Unidad de Desarrollo Empresarial del Banco Mundial sobre 12.000 empresas en 27 países emergentes apreció que un incremento del 1% de la renta por habitante real se traducía en un 0,3% menos de pérdidas por culpa del crimen, una estadística más relevante en las pymes (-0,33%) que en las grandes empresas (-0,21%). “Hay evidencia de que los pobres son los más afectados por el crimen”, explica Jaitman, “puesto que tienen menor capacidad de protegerse y menor acceso a la justicia. Por lo que proveer de seguridad a los sectores más vulnerables de la población debe ser una prioridad”.

Fuente: http://www.elpais.com

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